REFORZAR LAS POLÍTICAS ESCRITAS Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Se ha demostrado que regular el comportamiento de la policía reduce el riesgo de actuación policial sesgada. A continuación se ofrecen recomendaciones sobre algunas formas iniciales en que los departamentos pueden reforzar sus políticas escritas y sus estructuras de rendición de cuentas. Los miembros de la comunidad pueden utilizar estas orientaciones para colaborar con su departamento en la creación de intervenciones que reduzcan la actuación policial no equitativa y reimaginen la seguridad pública.
Los departamentos deben crear oportunidades para que las comunidades participen en debates sobre estos cambios. A tal fin, también ofrecemos orientaciones sobre los elementos clave para apoyar un diálogo eficaz entre las comunidades y los departamentos de policía.
Mejorar la política de elaboración de perfiles étnico-raciales
Muchos departamentos tienen una política que prohíbe los perfiles étnico-raciales. Sin embargo, la redacción de la política puede afectar a la consecución de sus objetivos. Estas políticas deben establecer que el grupo étnico-racial de una persona u otras características protegidas no pueden utilizarse como factor motivador a la hora de decidir la adopción de medidas coercitivas, salvo como parte de una descripción específica y fiable del sospechoso que vincule a una persona concreta con un incidente ilegal concreto. Las políticas de elaboración de perfiles étnico-raciales también deben establecer que la información sobre las características protegidas sólo puede tenerse en cuenta en combinación con otras características identificativas o información a efectos de identificación.
Mejora la política de uso de la fuerza
Las políticas de uso de la fuerza ayudan a los agentes a comprender los límites del uso de la fuerza y cómo prevenir eficazmente el uso de la fuerza. Se ha demostrado que los agentes que trabajan con políticas de uso de la fuerza más restrictivas demostrado uso de la fuerza que los que trabajan con políticas menos restrictivas. Animamos a los departamentos a adoptar políticas de uso de la fuerza que cumplan los siguientes criterios:
1
Exigir a los agentes de policía que intervengan rápidamente en el momento e informen si ven a un compañero haciendo un uso excesivo de la fuerza.
2
Obliga a los agentes de policía a proporcionar o solicitar atención médica a cualquier persona herida por el uso policial de la fuerza, así como a cualquier persona bajo custodia policial que requiera atención médica.
Especifica qué funcionarios están cubiertos por el mandato e indique que la asistencia médica debe solicitarse y proporcionarse lo antes posible, a menos que proporcionar o solicitar dicha asistencia resulte peligroso o imposible. Evite frases vagas como "si es factible".
3
Establece que el uso de la fuerza letal es el último recurso, y sólo está autorizado cuando se hayan agotado otras alternativas razonables o sea claramente ineficaz para prevenir una amenaza inmediata de muerte o lesiones corporales graves.
4
Prohibe el uso de llaves de estrangulamiento y de cuello.
En concreto, prohíbe el uso de cualquier sujeción o contacto con el cuello que pueda inhibir la respiración o el flujo sanguíneo o que aplique presión en la parte frontal, lateral o posterior del cuello.
5
Restringe el uso de métodos de sujeción que puedan causar alteraciones respiratorias o asfixia posicional.
Entrena a los agentes de policía para que reconozcan y eviten posturas y sujeciones que puedan causar involuntariamente problemas respiratorios potencialmente mortales. En concreto, prohíba el uso de cualquier técnica de "atadura de cerdo" y la colocación del peso corporal de un agente sobre la espalda de una persona inmovilizada boca abajo (es decir, tumbada y con el pecho hacia abajo). Exigir que los agentes vigilen atentamente a las personas sujetas en decúbito prono para asegurarse de que respiran correctamente.
6
Aclara las expectativas en torno al uso de armas asociadas a las disparidades en el uso de la fuerza.
Si los análisis de los datos revelan que el uso de un arma concreta provoca disparidades en el uso de la fuerza, revisa las políticas que rigen el uso de esa arma para garantizar que son lo suficientemente claras y específicas como para que un agente, supervisor o miembro del público sepa si el comportamiento de un agente se ajusta o no a la política.
Si los análisis de datos revelan que las disparidades son constantes entre los usos de todos o la mayoría de los tipos de fuerza, los departamentos deben explorar intervenciones amplias que reduzcan el uso de todos los tipos de fuerza, como cambios en la política departamental y la cultura organizativa.
7
Ordenar el uso de tácticas de desescalada.
Está demostrado que la toma de decisiones en fracciones de segundo es un factor de riesgo de sesgo étnico-racial en el comportamiento, incluido el uso de la fuerza. Las políticas de desescalada pueden minimizar este factor de riesgo ofreciendo ejemplos concretos de tácticas de desescalada que pueden utilizarse para reducir la necesidad de recurrir a la fuerza, como el uso de la distancia y la cobertura, el reposicionamiento táctico, la espera del sospechoso, la "ralentización" de las situaciones para dar más tiempo a la resolución, la solicitud de recursos adicionales, el uso de la persuasión verbal o la llamada al equipo de intervención en crisis. Las políticas también deben instruir a los agentes para que consideren si la falta de obediencia de una persona puede ser el resultado de una discapacidad, un problema médico, un problema de salud mental o una barrera lingüística. Para promover la desescalada, exigir que los agentes documenten y expliquen en los informes sobre el uso de la fuerza las tácticas de desescalada utilizadas para evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza.
8
Exige a los agentes de policía que utilicen la mínima fuerza necesaria.
Un número cada vez mayor de departamentos han establecido normas que van más allá de la norma constitucional mínima de que la fuerza sea "objetivamente razonable" y exigen, en cambio, que la fuerza se limite a la cantidad mínima necesaria para efectuar una detención o proteger al agente o a otras personas.
Políticas de apoyo a través de la cultura organizativa
1
Exige que los agentes faciliten a sus supervisores una descripción narrativa diaria de sus identificaciones de vehículos y peatones, y de cualquier incidente de uso de la fuerza, en la que se detalle la justificación de cada identificación.
2
Formar a los agentes y a los supervisores sobre las normas de su comportamiento, para que puedan abordar las situaciones de alto riesgo de la misma manera.
Por ejemplo, las políticas escritas sobre la interacción con las personas con discapacidad deben ir acompañadas de formación específica sobre cómo pueden identificar los agentes a las personas con las que se relacionan que padecen una enfermedad que puede afectar a su capacidad para comunicarse o cooperar. Las políticas formuladas deben garantizar que los agentes reciben una formación que tenga en cuenta la dignidad humana y la equidad.
3
Asegúrate de que los recursos respaldan la política.
Los agentes de policía deben disponer de los recursos necesarios para seguir la política escrita. Si, por ejemplo, se exige a los agentes que llamen a un Equipo de Intervención en Crisis cuando se encuentran con personas que sufren crisis de salud mental, el departamento debe asegurarse de que haya agentes formados en CIT en todos los turnos. Los miembros de la comunidad también pueden animar a los responsables políticos a que garanticen que los sistemas comunitarios de respuesta a las crisis están suficientemente financiados para atender las necesidades de seguridad pública que no requieran o justifiquen una respuesta armada. Los miembros de la comunidad también pueden animar a los responsables políticos a que garanticen sistemas comunitarios de respuesta a crisis estén suficientemente financiados para atender las necesidades de seguridad pública que no requieran o justifiquen una respuesta armada.
4
Reforzar los sistemas de rendición de cuentas.
En términos generales, la investigación en ciencias sociales demuestra que es menos probable que las personas caigan en pautas de comportamiento discriminatorio cuando las expectativas de comportamiento son claras e inequívocas. Los departamentos y las comunidades pueden reducir el riesgo de actuaciones policiales étnico-racialmente dispares reforzando o creando sistemas internos y externos de rendición de cuentas:
- Sistemas de intervención precoz y sistemas de alerta temprana
- Sistemas de recepción e investigación de denuncias civiles
- Procedimientos de investigación y revisión de las fuerzas
- Políticas y procedimientos disciplinarios
- Organismos civiles de supervisión
Los miembros de la comunidad pueden investigar si el organismo encargado de hacer cumplir la ley de su jurisdictioncuenta con algún mecanismo de supervisión o rendición de cuentas en el que pueda participar la comunidad, como la supervisión civil o las juntas de revisión. Las comunidades también pueden abogar por el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas allí donde aún no existan.
5
Identifica factores de riesgo adicionales y oportunidades para regular y rediseñar los servicios de seguridad pública.
Los departamentos de policía pueden y deben considerar otras innovaciones políticas basadas en las aportaciones de la comunidad y en las necesidades locales para desarrollar esta orientación inicial. Los miembros de la comunidad pueden trabajar con los departamentos y los líderes de los gobiernos locales para identificar oportunidades de invertir en las comunidades personas afrodescendientess y marrones y diseñar sistemas de seguridad pública más equitativos.
Compromiso con tu departamento de policía
Participar en grupos de discusión o en encuestas a la comunidad organizados por su departamento puede ayudar a comprender mejor las situaciones que provocan disparidades en las identificaciones o en los incidentes de uso de la fuerza y proporcionar una vía para la defensa de la comunidad. A partir de ahí, los departamentos de policía pueden establecer o unirse a reuniones permanentes de la comunidad para compartir información actualizada sobre sus planes de reforma y obtener aportaciones continuas de la comunidad.
Para que las reuniones comunitarias permanentes tengan éxito:
1
Establece claramente los objetivos del comité.
Considere cómo contribuyen a esos objetivos el calendario y la estructura de las reuniones del comité. Las reuniones deben programarse con suficiente antelación a la aplicación de una intervención o reforma prevista, y proporcionar la información contextual necesaria para que la comunidad pueda aportar sus comentarios.
Es importante recoger continuamente las opiniones de los miembros de la comunidad de los grupos étnico-raciales que experimentan disparidades y comprometerse con ellas para crear objetivos de comisión. En la medida de lo posible, los departamentos deben tener en cuenta las opiniones recibidas en estos foros comunitarios y dejar claro cuándo y cómo lo hacen.
2
Proporcionar información sobre las reformas previstas. Discutir las respuestas disponibles y potenciales a cualquier situación identificada que esté asociada con disparidades.
Lo ideal sería que las partes interesadas decidieran entonces si es necesario que la policía participe en el escenario, o si existen otros recursos gubernamentales o comunitarios que puedan satisfacer las necesidades de seguridad pública, como los servicios de salud mental. Para más información, revisa la del CPE sobre cómo las comunidades pueden evaluar qué recursos satisfacen sus necesidades, así como las recomendaciones sobre el rediseño de la seguridad vial, respuestas a emergencias de salud mentaly seguridad escolar.
Incluso si la policía es el único recurso disponible, los departamentos deben considerar el uso de métodos menos perjudiciales o gravosos (como la remisión asistida por las fuerzas del orden, los equipos especializados en salud mental, el uso de la citación en lugar de la detención o un cambio en las prioridades de aplicación de la ley). Las orientaciones políticas de esta página pueden ayudar a abordar el riesgo de disparidades étnico-raciales en situaciones en las que se prevé un contacto policial continuado.